El arresto, con un amplio dispositivo de seguridad que se alargó desde la noche del lunes tuvo lugar luego de que el juez Edwin Francisco Ortez Cruz ordenara su detención «provisional» con miras a una posible extradición.
Imágenes de medios locales mostraron el momento en el que Hernández abandonó su residencia en Tegucigalpa para entregarse a los agentes de la Policía Nacional, quienes además le colocaron un chaleco antibalas antes de trasladarlo a una sede policial donde fue sometido a una evaluación médica.
En un comunicado, la Policía Nacional de Honduras informó que la captura del expresidente fue el resultado de un trabajo en conjunto con la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE.UU.
«En coordinación con agencias estadounidenses, en especial la Administración de Control de Drogas (DEA), en las últimas horas se ha realizado una operación policial, que conlleva la captura del expresidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado», indica el texto.
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Según informó el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, el miércoles en la mañana el exmandatario será llevado ante Corte Suprema de Justicia, que debe valorar su extradición.
La Justicia estadounidense vincula a Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, con delitos del narcotráfico.
Y aunque el pedido de extradición tomó por sorpresa a algunos hondureños, los señalamientos y sospechas sobre el exmandatario llevan varios años flotando en el ambiente.
En 2018, el hermano de Hernández, Juan Antonio, quien era diputado nacional, fue capturado en Miami acusado también de crímenes relacionados con el narcotráfico.
En marzo de 2021 fue hallado culpable del tráfico de 150 toneladas de cocaína desde Honduras hacia EE.UU. y condenado a cadena perpetua.
Fue a partir de este vínculo familiar directo que las sospechas alcanzaron al expresidente. Sin embargo, Hernández ha rechazado estos señalamientos en el pasado y ha asegurado que durante su gobierno se dedicó a combatir el negocio ilegal de drogas.
El propio Hernández señaló a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que quedaba a disposición de las autoridades.
«Mis representantes han recibido el mensaje para que sea llevado a las autoridades de que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente en el momento en que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme», dijo este martes por la mañana.
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Pero ¿de qué acusan realmente a Hernández y por qué EE.UU. lo está pidiendo en extradición?
Los cargos
En la nota enviada por la embajada de EE.UU. en Tegucigalpa al gobierno hondureño, se específica la razón por la que se hace la petición de extradición: «Juan Orlando Hernández es buscado para ser juzgado en Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos con armas de fuego».
Aunque durante los ochos años que Hernández estuvo en el poder se convirtió en uno de los principales aliados de Washington en la región, las cosas comenzaron a complicarse una vez dejó el cargo de presidente, el pasado 27 de enero.
Apenas días después, el 9 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció que a Hernández se le retiraría su visa para ingresar al país por «comportamientos antidemocráticos y actos de corrupción».
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«Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas», escribió Blinken en su cuenta de Twitter.
Hace una semana, el mismo Blinken indicó en un comunicado que, de acuerdo con «reportes creíbles de prensa» e investigaciones locales, Hernández «se había involucrado para cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico y utilizar los ingresos de actividades ilícitas para apoyar campañas políticas».
Estas acusaciones se referían a los señalamientos de algunos narcotraficantes ante distintos tribunales estadounidenses, donde habrían confesado pagos ilícitos al círculo más cercano de Hernández para poder traficar la droga por territorio hondureño.
A esto se sumó el juicio contra su hermano Juan Antonio, más conocido como Tony Hernández, que era diputado nacional cuando fue capturado, en marzo pasado.
Durante ese juicio se puso en evidencia cómo los grupos de narcotráfico infiltraron casi todas las esferas del poder en Honduras, desde el ámbito judicial pasando por la fuerza pública hasta llegar al poder ejecutivo.
De hecho, los propios fiscales del caso señalaron directamente a Juan Orlando Hernández, acusándolo de «facilitar el uso de personal de las fuerzas armadas hondureñas como seguridad» para los narcotraficantes.
Otro de los casos que salpicó a Hernández, y que finalmente disparó el proceso contra el exmandatario, fue el de Geovanny Fuentes Ramírez, también juzgado por un tribunal de Nueva York y hallado culpable a principios de febrero de este año.
Fuentes fue condenado a cadena perpetua por el tráfico de cinco toneladas de cocaína y a otros 30 años de cárcel por el porte ilegal de armas, al considerar que protegía su mercancía con el uso de ametralladoras.
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Durante el procedimiento judicial en contra de Fuentes Ramírez se indicó, a través de varios testimonios, que uno de sus socios sería Juan Orlando Hernández.
Uno de los testigos de este caso indicó que escuchó a Hernández decir que quería meter drogas «en las narices de los gringos» inundando Estados Unidos con cocaína.
Ahora, según los medios locales, los cargos formales que se le presentarán son:
- 1-Conspirar para traficar una sustancia controlada a EE.UU. desde un lugar fuera del mismo, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y el conocimiento de que sería importada ilegalmente al país del norte. De igual manera, fabricar, distribuir y poseer con la intención y distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos
- 2-Usar o portar armas de fuego o ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa en el cargo uno.
- 3-Conspiración para usar o portar armas de fuego en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos.
Inmunidad
Por su parte, el abogado de Hernández dijo este lunes que Hernández tiene inmunidad diplomática por pertenecer al Parlamento Centroamericano, o Parlacen, con sede en Guatemala.
Hernández juramentó como miembro del Parlacen una vez entregó su mandato a su sucesora, Xiomara Castro, el pasado 27 de enero.
Aunque es cierto que el Parlacen otorga a sus miembros inmunidad procesal en América Central, esa protección puede ser cancelada o suspendida si así lo solicita el país de origen de la persona en cuestión.
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Además, al conocerse la noticia, decenas de personas se hicieron presentes frente a la residencia de Hernández para celebrar la decisión tomada por el gobierno estadounidense.
Sin embargo, altos funcionarios del actual gobierno -que es opositor a Hernández- le dijeron al diario The Washington Post que el expresidente podría estar moviendo sus influencias dentro del órgano judicial para evitar la extradición.
«Los jueces de la corte son personas designadas por Hernández, por lo que es difícil saber qué tipo de decisión van a tomar», señaló uno de ellos.
El vocero del Poder Judicial, por su parte, dijo en conferencia de prensa que el proceso de extradición de Hernández, en caso de que la Corte de el voto favorable, podría demorarse si la defensa presenta un recurso de amparo.
«Una de las variables es que si la defensa presenta o no recursos, normalmente recursos de amparo ante la Sala Constitucional y si lo hacen habrá que esperar la resolución de esos recursos», dijo.