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«Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un «golpe» que nunca ocurrió», ha dicho la expresidenta en Twitter
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El gobierno bolivariano la acusa de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis de 2019
La Justicia boliviana ha decidido este domingo enviar a la expresidenta interina Jeanine Áñez y a sus exministros Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, a prisión preventiva durante cuatro meses por el caso conocido como «golpe de Estado».
La Fiscalía realizó una solicitud de detención preventiva por el «riesgo de fuga» de los tres, acusados de «sedición, terrorismo y conspiración» en la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.
Áñez había sido detenida en Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera. Posteriormente fue trasladada a la capital del país.
La expresidenta ya ha mandado un comunicado alertando de su situación a la Organozación de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea. Además, en un tweet publicado al poco de conocerse su detención, Áñez ha dicho que «me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un «golpe» que nunca ocurrió».
Instan a la comunidad internacional a poner «máxima atención» en Bolivia
Por su parte, el expresidente Carlos Mesa y líder del mayor partido opositor de Bolivia ha enviado este domingo una carta al secretario general de la ONU, António Guterres; a la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; a la Unión Europea y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que denuncia la «persecución judicial» en su país.
Carlos Mesa (2003-2005), quien compitió con Evo Morales por la Presidencia en las fallidas elecciones de 2019, alerta en su misiva de «la ejecución de un plan de violación sistemática de los derechos humanos de líderes de oposición por el Gobierno de Bolivia» presidido por Luis Arce.
Por lo que insta a que la «comunidad internacional ponga su máxima atención en Bolivia, para evitar en un futuro próximo el colapso de la democracia y la vulneración sistemática de los derechos humanos».
«La actual administración afirma que el Gobierno de su antecesora, Jeanine Áñez, fue ‘de facto’, cuando está claro que nació de una crisis de Estado producto del fraude electoral y del vacío de poder gestados por el expresidente Evo Morales después de la votación en las elecciones anuladas del 20 de octubre del año 2019», señala.
En su carta, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) recuerda que la anulación de las elecciones de 2019 se sustentó en un informe de la OEA que «fue avalado por la Unión Europea».
Mesa afirma que Evo Morales y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) «están usando la figura de un falso e inexistente ‘golpe de Estado’ para perseguir con un proceso penal manipulado a los principales líderes de la oposición».