El proceso, que involucró al gobierno, al poder judicial y al poder legislativo, fue simultáneo y se llevó a cabo de forma relámpago.
Hubo una decisión judicial para excarcelar a 222 opositores nicaragüenses y «deportarlos» a Estados Unidos; un acuerdo del gobierno para que Washington los recibiera; y una reforma en la Asamblea Nacional para despojarlos de su nacionalidad.
Todo en un solo día.
Los opositores, que estaban presos en el país, fueron excarcelados después de que las autoridades judiciales hicieron pública la sentencia que decretaba su «deportación inmediata».
Se los acusó de «cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica».
Se les declaró «traidores a la patria» y se anunció que quedaban «inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública», así como para ejercer cargos de elección popular.
Poco después, mientras los opositores viajaban rumbo a Washington, la Asamblea Nacional -controlada por el oficialismo- aprobó la reforma para despojarlos de su nacionalidad.
Ante este hecho, este viernes el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, dijo: «El gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados, ante las noticias de que se han iniciado los trámites para declararlos apátridas».
El jueves Ortega declaró en cadena nacional que no hubo ninguna «negociación» con EE.UU. para la liberación de los presos y que no le pidieron nada a Washington a cambio de que los recibiera.
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Nicaragua vive una profunda crisis política desde 2018, cuando se produjo una gran ola de protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega que fue duramente reprimida por las autoridades.
La situación empeoró a finales de 2021 cuando Ortega fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo en unos comicios considerados fraudulentos por gran parte de la comunidad internacional.
Los comicios estuvieron precedidos, entre otras cosas, por la detención de decenas de líderes opositores, incluidos los 222 que ahora fueron excarcelados.
Muchos de ellos fueron acusados por Ortega de intentar organizar un golpe de Estado en su contra.
Reforma «exprés»
Después de haber ordenado la «deportación» de los opositores el jueves, la Asamblea Nacional inició el proceso para reformar la Constitución y legalizar el despojo de la nacionalidad de los excarcelados.
Según la justificación de la reforma, los opositores son considerados «traidores de la patria» por la supuesta violación de la Ley 1055: Ley de Defensa de los Derechos de Pueblo a la Independencia, Soberanía y la Autodeterminación para la Paz.
La reforma -aprobada en una «sesión de emergencia» con 89 votos, de un total de 91- modificó el artículo 21 de la Constitución para adherirle un párrafo.
«La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense», se lee en el texto de la enmienda.
Minutos después, la Asamblea aprobó la llamada Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense.
En esta se establece que las personas sentenciadas por violar la Ley 1055 «perderán su nacionalidad».
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«Ilegalidades»
La Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó la excarcelación de los opositores nicaragüenses pero indicó en un comunicado que «lo acontecido el jueves no es una liberación».
«Estas personas fueron injustamente encarceladas… condenadas en juicios sin ninguna garantía por supuesta ‘traición a la patria’… despojados de su nacionalidad nicaragüense y de todos sus derechos ciudadanos ‘a perpetuidad'».
«Los crímenes cometidos contra estas personas no deben quedar impunes y sus derechos deben ser restituidos a la mayor brevedad posible», dice la OEA.
El observatorio electoral Urnas Abiertas, afirma que tanto el proceso de «deportación» de los 222 opositores como el utilizado para despojar su nacionalidad son actos «totalmente irregulares».
«Una vez más se usa la institucionalidad para intentar cubrir de legalidad un acto irregular, contrario a la ley, que atropella libertades individuales y políticas», dice el organismo.
«Este tipo de medidas son un atropello más a los derechos humanos de las y los nicaragüenses, de manera general. Y a la integridad electoral, de manera específica, en tanto limita los derechos civiles, políticos y electorales», agrega.
Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) aunque celebró la excarcelación de los opositores, condenó lo que dijo era «el abuso legal que se ha cometido» con su deportación.
«Advertimos que la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta es una figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en este país, están llamándole deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos», expresó el centro en un comunicado.
El Cenidh dijo que la reforma para despojar la nacionalidad de los opositores es «absurda e ilegal».
El organismo recordó que el artículo 20 de la Constitución nicaragüense establece que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad».
Agregó que la reforma constitucional es «precipitada e ilegal» ya que, tal como lo establece la legislación nicaragüense, solo puede quedar vigente después de ser aprobada en la segunda legislatura que inicia en enero de 2024.