Se le entregaría un monto determinado al principio de sus funciones en el Congreso Nacional.
El proyecto de Modernización Fiscal o reforma fiscal que presentó el gobierno este lunes también contempla la eliminación de la cuestionada exoneración de impuestos en la importación de vehículos que tienen los legisladores.
El proyecto fue depositado este martes en la Cámara de Diputados.
Con la Ley 21-87, los legisladores tenían un tope de 18 mil dólares para la importación de vehículos. Luego, en 1996 se modificó el artículo 2 que establecía ese monto a través de la ley No. 57-96 que permitió sin tope alguno «la importación libre de impuestos de un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año, cilindraje, CIF, etc. El vehículo que importe estará exento de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos, multas, etc., así como también cualquier restricción o prohibición existentes».
Para establecer esa ley, el legislador consideró que «la investidura de un legislador de la República, representante del primer poder del Estado, conlleva una alta representatividad a la par con los países amigos y que con los 18 mil dólares que contemplaba la normativa anterior solo podían adquirir un vehículo usado de dudosas condiciones de seguridad».
Veintiocho años después, el gobierno de Luis Abinader busca derogar este artículo con el objetivo de aumentar las recaudaciones. En su lugar, propone el establecimiento de una asignación al inicio de cada período de elección que permita a los legisladores comprar un vehículo para el desempeño de sus funciones.
El gobierno dijo, en la persona del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que la propuesta de ley de modernización fiscal busca elevar el nivel de desarrollo del país, mejorando los servicios de educación, salud, seguridad, transporte, salarios, ayudas sociales.
Contempla un incremento general y sectorizado de impuestos, eliminación de exoneraciones e incentivos fiscales, así como una reestructuración del pago de anticipos.
El gobierno estima que la recaudación total sería de RD$122,486.6 millones, para un estimado de 1.5 % del % PIB.
En desglose, los Impuestos sobre la Renta (ISR) en personas jurídicas sería de RD$ 22,195.1 millones para un 0.3 %. Los ISR en personas físicas, RD$ 5,285.0 para un 0.1 %.
Los impuestos a la propiedad, RD$ 6,773.3 para 0.1 %. Los impuestos sobre el valor agregado, RD$ 75,230.7 para un 0.9 % y los impuestos selectivos al consumo, RD$ 13,002.5 para un 0.2 %.
Exoneración de vehículos a legisladores: un costoso privilegio que pasó a negocio
Por 1,148 vehículos importados desde 2010 a nombre de senadores y diputados el Estado dejó de recibir RD$2,649.8 millones en impuestos.
arros deportivos y de lujo, autobuses para el transporte masivo, yipetas del año… Así de mezclada es la lista de 1,148 vehículos importados bajo el nombre de legisladores dominicanos de los que muchos, amparados en una ley que les permite traer al país libre de impuestos cualquier unidad sin importar su costo, han encontrado una oportunidad de negocio con la venta de este beneficio por el que en los últimos 11 años el Estado ha dejado de recibir RD$2,649.8 millones en tributos.
Entre los legisladores es conocido el precio de la cesión: hasta US$20,000 o RD$1 millón. Inclusive, hay quienes desconocen por qué en los registros de la Dirección General de Aduanas hay una exoneración efectiva a su nombre. Así lo comprobó Diario Libre cuando, al preguntarle a un diputado (que pidió no ser identificado) sobre el carro deportivo Lamborghini, valorado en más de US$180,000, que se importó a su nombre en este 2021 –según los datos oficiales–, no estaba al tanto de qué se le hablaba.
Otro, el diputado Eduardo Hidalgo, entiende que debe ser un error que en Aduanas aparezcan dos yipetas Land Rover, modelo Range Rover, importadas bajo su nombre en 2020 y 2021, y por las que el Estado dejó de recibir RD$5.1 millones en impuestos.
“Vamos a sincerarnos”, dice el diputado y vocero del bloque peledeísta, Gustavo Sánchez, en su oficina del Congreso Nacional. “Los legisladores, en un porcentaje alto, más del 90 por ciento, lo que hacen es ‘transferir’ ese documento, que es un papel, a alguien que no quiere pagar los impuestos de traer un vehículo de lujo”. Explica que ese intercambio se puede realizar con particulares, “amigos poderosos” o comercios de venta de vehículos.
Entre los legisladores hay quienes prefieren no ser identificados para hablar con Diario Libre sobre el tema. También, son cautos en mencionar los nombres de los compradores. Al menos Hidalgo solo precisa que ha vendido de sus exoneraciones a una persona “reconocida, con solvencia y seria” en Moca. En tanto que en un concesionario de la capital se explica que desde hace años se estila que dicho beneficio legislativo esté “en el mercado, a la venta”.
Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de septiembre de 2021, bajo la exoneración de impuestos a las importaciones de vehículos de que disfrutan los legisladores, se trajeron a la República Dominicana 1,148 vehículos cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$132,964,375.
Estas unidades representaron un sacrificio fiscal de RD$2,649,859,207.26 por exonerarle los impuestos de rigor. Así lo registra una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas a solicitud de Diario Libre.
(Diario Libre organizó de una forma amigable y navegable la base de datos de Aduanas. Para conocer en detalle las marcas, modelos, nombres de los legisladores y montos que contiene, haga clic aquí).
Aunque las yipetas y automóviles confortables tienen una preferencia mayor, la lista incluye 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otros vehículos costosos cuyo diseño y estilo no es el usual para viajar desde las provincias a las sesiones en la sede capitalina del Congreso Nacional o para visitar los pueblos del interior en trabajos propios de un legislador.
Pero también hay tres autobuses de transporte masivo importados entre 2014 y 2018 por el exdiputado reformista Guido Cabrera Martínez, quien es miembro de la Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra).
Las guaguas representaron un sacrificio fiscal de RD$3,526,113.77 y están en operación para el transporte interurbano. Los viajeros pagan entre RD$275 y RD$300 por pasaje. “Todo el tiempo he tenido autobuses, de eso es que yo he vivido”, observa Cabrera a Diario Libre.
“No soy diputado actualmente y, segundo, al tener mis exoneraciones, se lo apliqué a la guagua, porque no tengo una ley que me diga que no se la puedo aplicar, porque tú puedes traer un grédar, un motor, una pala, lo que tú entiendas”, defiende el también asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte.
A pesar de que está consciente de que muchos legisladores traen carros lujosos, Cabrera señala que se transporta en una camioneta Toyota Hilux. Este vehículo no aparece en los registros aduanales de sus exoneraciones desde 2010. En cambio, a su nombre también hay tres yipetas. Dos de estas no reconoció y una tercera supone que se adquirió hace 10 años tras vender una de sus exoneraciones a un concesionario de la capital.
Además de recibir gastos de representación, viáticos, dieta y otros beneficios extrasalariales, los 190 diputados y 32 senadores del país –elegidos por cuatro años–, más los 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen), están respaldados con la facilidad vehicular que permite una muy abierta Ley 57-96, compuesta por dos artículos. El primero modifica un artículo de una ley de nueve años antes que establecía un tope de US$18,000 en el precio de fábrica de un vehículo exonerado.
Hasta 1996, con base en la Ley 21-87, los legisladores podían traer libre de impuestos un vehículo cada dos años, cuyo valor de fábrica no excediera los US$18 mil. Reportes de prensa de la época explican que, amparándose en el incremento de la tasa del dólar, los legisladores habían aprobado una ley en 1994 que les permitiría una exoneración abierta, pero al no promulgarse, los diputados volvieron a aprobarla en 1996.
Con la modificación se hizo vigente que cada legislador importe libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año y cilindraje. La unidad que traiga estará exenta de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos y multas, y cualquier restricción o prohibición existentes.
Actualmente, a la República Dominicana solo se pueden importar vehículos de cinco años o menos de fabricación y camiones comerciales que no superen los 15 años. Para liberarlos, se debe pagar un impuesto aduanal del 20 % del valor del vehículo más el 18 % del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis).
La ley que permite a los legisladores no pagar esos impuestos no pone una fecha tope para redimir la exoneración. Indica que estos harán el requerimiento de su derecho cuando sus condiciones se lo permitan y lo solicite. La única limitante que pone es que el vehículo no se podrá transferir hasta después de dos años de importado.
Para hacer uso de la exoneración, el legislador debe depositar la solicitud en el Congreso Nacional, institución que remite el expediente al Ministerio de Hacienda desde donde se envía a la Dirección General de Aduanas con la orden de exoneración, de ser aprobada. Cuando el vehículo se importa y se hace el despacho en aduanas, es cuando se le aplica la exoneración con base en cálculos que incluyen la tasa de cambio.
Desde 2010 y hasta agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda tramitó la exoneración de 156 vehículos a nombre de senadores y de 1,195 para diputados (incluidos 112 para varios del Parlacen), cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$154,539,515.08 y, preliminarmente, RD$4,105,997,878.15 en sacrificio fiscal.
“No he violado ninguna ley, ¿de qué me acusan?”
El espíritu de la Ley 57-96 es permitir que los legisladores tengan un vehículo que represente su investidura y que lo puedan adquirir en buena condición, sin ser afectados por la inflación. Hay quienes hacen uso legítimo de esta facilidad y quienes se van más allá.
Gustavo Sánchez, diputado desde 2006 por el Distrito Nacional, reconoce a Diario Libre que es de los legisladores que transfirieron a particulares exoneraciones que les correspondían. Al menos por una de las suyas recibió dinero.
Cuenta que la primera exoneración que utilizó fue para comprar una ambulancia para uso comunitario, entre 2006-2007. Otra se la cedió a un amigo para que importara su vehículo y –asegura– no le pidió dinero a cambio.
Pero una tercera exoneración entendió que no podía cederla sin obtener una compensación. Le dijo a otro amigo: “Espérate, yo no te la voy a dar”. Acordaron un intercambio. “Hice esa transferencia y recibí unos beneficios, igual que todo el mundo”, indica. Aunque no precisa el monto, explica que ese tipo de transacción tiene un valor “específico” de alrededor de RD$1 millón o US$20,000.
—¿Qué le diría a la gente que lee que usted es uno de los que cedió una exoneración? —le pregunta Diario Libre.
—No he violado ninguna ley, ¿de qué me acusan?
—Quizás de falta de ética.
—De falta de ética (se ríe)… No creo que eso sea antiético. Pudiera ser antiético, quizás, si yo no hubiese sabido a manos de quién iba a parar ese vehículo.
Sánchez critica a aquellos legisladores que podrían sentirse superior por no ceder sus exoneraciones. “¿Qué tú aportas?, ¿qué cambios puedes producir con eso?, ¿qué te digan que eres un santo varón?”, cuestiona.
La Dirección General de Aduanas registra que a nombre de Sánchez se han traído al país desde 2010 cuatro vehículos: una yipeta Toyota, un automóvil Bentley, otra yipeta Lexus y un carro Mercedes Benz. Por estos el Estado dejó de recibir RD$11,365,091.69 en impuestos.
El diputado comenta que para su uso aprovechó dos exoneraciones. Otra la tiene reservada para cuando estén cerca las elecciones de 2024. “Para yo salir con un vehículo bueno”, adelanta.
A pesar de que se benefició por transferir de sus exoneraciones, Sánchez entiende que hay que eliminar dicha facilidad a los legisladores. Considera que el Congreso Nacional que aprobó en 1996 la ley vigente era “análogo” y la sociedad ha cambiado, pues ahora se exige más transparencia en el uso de los fondos públicos.
Propuso en 2020 un proyecto para que no haya una exoneración ilimitada, sino que se fije un bono de RD$1,200,000 a cada legislador, entregable dos veces en el periodo legislativo de cuatro años. Dicho bono se considerará como parte del régimen de prestaciones o beneficios indirectos colaterales con los que se compensan a los senadores y diputados.
De hecho, analiza que pudiera aplicarse a otros funcionarios que también son hábiles para exoneraciones, como los jueces del Poder Judicial que, a partir del segundo año en el servicio, tienen derecho cada cinco años a la importación libre de gravamen de un vehículo no suntuario.
También, los integrantes del Ministerio Público, quienes, una vez ingresan a la carrera, pueden importar libre de gravamen un vehículo no suntuario cada cinco años. Asimismo, las misiones diplomáticas, que pueden importar libre de derechos e impuestos los vehículos que requieran para el uso exclusivo de sus actividades.
“El proyecto es oportuno, porque es una inequidad que nosotros gocemos de dos exoneraciones por periodo (…), donde esa exoneración exime del pago de todo tipo de impuesto y de todo tipo de vehículo, de forma tal que yo pueda traer un Tesla, un vehículo de alta gama”, dice Sánchez.
Pero también defiende el disfrute de las exoneraciones. “Somos funcionarios del Estado, por lo tanto, no constituye una aberración el hecho de que la institución cree mecanismos de apoyo al traslado de un diputado, de un senador, hacia su lugar matriz de trabajo, no lo es”, asegura. “Cuando se entiende que hasta en el sector privado se les garantiza a los funcionarios de primer nivel facilidades de transporte”.
Explica que antes de someter su proyecto, comparó cómo son los privilegios para los legisladores en otros países. Citó el caso de España, donde se reembolsa el gasto en avión, tren, automóvil o barco, y de parqueo. Si el funcionario utiliza su vehículo personal, se le devuelve una cantidad de euros por kilómetros, además de los peajes.
“Con el proyecto de ley se beneficia el Estado y no se perjudica el diputado”, insiste. “El diputado no se arriesga a tener un vehículo rodando en la calle bajo su nombre y que lo use cualquier persona”.
A final de agosto pasado, un automóvil marca McLaren estuvo envuelto en un accidente de tránsito que se produjo entrada la noche en la avenida Abraham Lincoln, de la capital, en el que resultó herido de gravedad un hombre de 70 años. El vehículo deportivo tenía una placa exonerada y está registrado a nombre del exdiputado peledeísta por Jimaní, Pablo Inocencio Santana Díaz.
Santana Díaz dijo a Diario Libre que le vendió la exoneración cuando era legislador al concesionario Autohaus. Gustavo Cabrera, uno de los propietarios de dicha empresa, confirmó que se importó el carro directamente desde la casa McLaren y se vendió en 2017.
En la base de datos de la Dirección General de Aduanas se consigna que dicho vehículo tuvo un valor FOB de US$191,824.08 y el Estado dejó de recibir RD$3,901,959.10 por la exoneración de sus impuestos.
En octubre de 2014, el diputado perremeísta Alexis Jiménez dijo que había vendido una exoneración a un concesionario que se usó para traer al país un Lamborghini Aventador para el numerólogo Cristian Casablanca.
Ese vehículo, de acuerdo a los registros aduanales, tuvo un valor FOB de US$397,440 y representó un sacrificio fiscal de RD$7,407,570.82.
Legisladores no modifican la ley que los beneficia
En el Congreso Nacional se han presentado otras propuestas para modificar la ley que permite las exoneraciones a los legisladores, pero los mismos diputados no las han aprobado.
Un proyecto busca que, a partir del 16 de agosto de 2024, se reduzcan a un único vehículo, que no podrá sobrepasar el monto equivalente en pesos dominicanos de US$150,000 por concepto de precio de fábrica. El excedente a partir de este monto deberá pagar todas las cargas impositivas vigentes.
La propuesta la depositó el diputado peledeísta José Benedicto Hernández Tejada, el 15 de octubre de 2020. El sistema web legislativo reporta que se envió el 28 de ese mes a la comisión permanente de Administración Interior, que preside el titular de la Cámara de Diputados, el perremeísta Alfredo Pacheco, pero su plazo venció y perimió el 15 de agosto de 2021. El legislador la volvió a depositar en ese mes.
Un proyecto más viejo lo presentó en septiembre de 2017 el entonces diputado peledeísta José La Luz. Se envió a la comisión de Hacienda en ese mismo mes, pero perimió en julio de 2018.
Cinco años antes, el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto de ley presentado por el entonces senador peledeísta Tommy Galán, que fijaba un tope de US$70 mil en el precio de fábrica del vehículo exonerado. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados sin éxito. Se volvió a reintroducir en el Senado en 2015, tampoco si éxito.
A pesar del limitado progreso de las iniciativas para modificar la ley que da pie a las exoneraciones, el presidente de la Cámara de Diputados asegura que en la actual legislatura el tema se debe abordar con “carácter de seriedad”.
“Los legisladores deben hacer un gran aporte a la gobernabilidad en la República Dominicana, sobre todo ahora que estamos hablando de reforma fiscal, etcétera, logrando establecer un método totalmente diferente que permita que el legislador pueda tener la posibilidad de tener el apoyo de transporte de otro modo y no exactamente con el sistema que tenemos ahora de las exoneraciones”, dice.
Agrega: “En lo personal decidí no tomar en esta oportunidad la exoneración, porque ya la he usado en otras oportunidades. Soy un legislador viejo, y tengo mi vehículo”.
En los registros aduanales figura que a nombre de Pacheco se importó en 2017 un vehículo BMW al que se le exoneraron RD$1,941,184 en impuestos. Hacienda registra que también en 2020 procesó la exoneración de un automóvil Bentley, valorado en US$189,800.81, que representaría un sacrificio fiscal estimado en RD$6,457,853.79.
El movimiento cívico Participación Ciudadana ha cuestionado en diferentes años la facilidad de exoneración de vehículos a los legisladores. La considera inconstitucional y alega que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio.
“Tenemos tres propuestas de tres legisladores que eliminan el método, otra que suprime”, dice Pacheco a Diario Libre. “Creo que debemos sentarnos y seriamente encontrar una salida”.
El diputado reconoce que la facilidad de las exoneraciones “termina siendo un negocio porque están sin límite”.