Los legisladores, elegidos de forma aleatoria, que den positivo deberán autorizar el levantamiento del secreto bancario.
Los congresistas de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile deberán someterse aleatoriamente a test de consumo de drogas a través de un análisis de pelo a partir de este miércoles. Por sorteo, 78 de los 155 parlamentarios han sido seleccionados durante la jornada para realizar la prueba, que se llevará a cabo dos veces al año, logrando que cada representante sea examinado dos veces en los cuatro años que dura su periodo.
La ley establece que cada diputado deje por escrito en los primeros 15 días de su periodo legislativo que, de dar positivo en el control, autoriza el levantamiento del secreto bancario. Los congresistas en cuestión deberán justificar las transacciones que hayan realizado superiores a 800 unidades de fomento (UF), unos 28.000 dólares. El pelo es el gran delator para verificar el consumo de drogas, según los expertos. Sin embargo, para que la sustancia consumida llegue al cabello tienen que pasar, como mínimo, 10 días.
El objetivo de la nueva normativa es prevenir el consumo “indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas” para aumentar los estándares de transparencia en sus labores y evitar “la comisión de delitos del narcotráfico u otros relacionados a estos, y cualquier relación entre esta Cámara y las redes del narcotráfico que existen en el país”.
Los congresistas escogidos este miércoles deberán acudir entre el 22 y el 30 de este mes al laboratorio de la Universidad de Chile para realizarse este test, ha informado el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto. Los resultados de quienes den positivo se publicarán dentro de un plazo de 15 días posteriores a la toma del examen. Si alguno de los congresistas se niega a someterse al control será sancionado por la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara. También serán remitidos a dicha comisión los casos de diputados que den positivo y que no puedan justificar una transacción superior a las 800 UF.
Durante el debate previo a la aprobación de la ley, no todos los congresistas estuvieron de acuerdo. La diputada comunista Marisela Santibáñez, por ejemplo, aseguró que la práctica “vulnera el derecho a la vida privada y el principio de autonomía corporal”. Por su parte, la diputada Camila Flores, del partido de centro derecha Renovación Nacional, celebró el proyecto, argumentando que los parlamentarios tienen “la obligación de demostrarle a la ciudadanía” que no son “drogadictos” y ni tienen “vinculación alguna con el narcotráfico”.